El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha solicitado a España que adopte más medidas para abordar la problemática de la prostitución, la trata de personas y el trabajo forzado.
Según el comité, el país carece de una legislación exhaustiva sobre la trata, lo que permite que muchas víctimas, en su mayoría mujeres y niñas inmigrantes, sean traficadas con fines de explotación sexual sin ser detectadas por las autoridades fronterizas. Además, se destaca que un número significativo de mujeres migrantes han sido víctimas de trata con el propósito de ser obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud en el sector agrícola.
El comité también señala la falta de un enfoque integral para abordar la demanda de prostitución y la limitada definición de proxenetismo en la legislación actual.
Si bien el informe celebra las leyes a favor de la igualdad de las personas trans y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que alivia la carga de la prueba para las víctimas, lamenta que la aplicación retroactiva de estas leyes haya dado lugar a una disminución significativa en el número de condenas y la excarcelación de detenidos por violencia de género.
Además, el comité expresa su preocupación por la falta de una atención adecuada a la situación de las mujeres gitanas, refugiadas y migrantes en la aplicación de estas leyes.
El Comité toma nota de los esfuerzos legislativos realizados por España para combatir la violencia de género, pero señala la elevada tasa de feminicidios en el país y recomienda tipificar el asesinato machista, así como redoblar los esfuerzos para establecer rápidamente el Observatorio del Femicidio.
La labor de los municipios y ciudades en este ámbito es fundamental para abordar y prevenir la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzado. Como actores locales, los gobiernos municipales tienen la capacidad de implementar políticas y acciones concretas en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Los municipios y ciudades pueden fortalecer su respuesta a esta problemática mediante la creación de programas de prevención, detección y atención a las víctimas. Esto implica establecer protocolos de actuación, colaborar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil y promover la formación de profesionales que trabajen en primera línea para identificar y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, es importante que los gobiernos locales fomenten la sensibilización y educación en la sociedad para combatir la demanda de prostitución y promover una cultura de igualdad y respeto hacia todas las personas.
Los municipios y ciudades también pueden desempeñar un papel clave en la coordinación con otras entidades y niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral y eficaz. La colaboración entre actores locales, regionales y nacionales es esencial para abordar de manera efectiva la trata de personas y el trabajo forzado.
En conclusión, es conveniente que las entidades locales, como los municipios y ciudades, realicen un esfuerzo conjunto en la lucha contra la prostitución, la trata de personas y el trabajo forzado. Mediante la implementación de políticas y acciones alineadas con el ODS 16, pueden contribuir significativamente a la prevención y erradicación de estas prácticas, brindando protección a las víctimas y promoviendo una sociedad más justa e igualitaria.
